Este cambio supone una flexibilización de la normativa, impulsada en parte por la presión de las grandes tecnológicas. Desde el inicio del proceso de regulación de la inteligencia artificial en la Unión Europea, las asociaciones de autores y editores han trasladado a la Comisión Europea la necesidad de que las empresas tecnológicas respeten los derechos de propiedad intelectual y garanticen una protección adecuada para los autores frente al uso de sus obras por herramientas de IA.

Entre otras cuestiones, este acuerdo modifica la aplicación de algunas responsabilidades de las tecnológicas relacionadas con la identificación de contenidos generados por IA. En concreto, la obligación de incorporar una marca de agua en contenidos de audio, imagen, vídeo o textos producidos mediante IA se aplaza hasta el 2 de diciembre de 2026.

Además, se retrasan algunas de las normas más estrictas sobre el uso de la IA en áreas consideradas de «alto riesgo» como, por ejemplo, los usados en ámbitos como empleo o biometría.

Estas modificaciones se producen después de que grandes compañías tecnológicas, como Alphabet y Meta, así como multinacionales europeas como Siemens y SAP, solicitaran una revisión de las normas para facilitar el desarrollo de herramientas de IA y, por tanto, de su actividad empresarial. Este proceso se enmarca además en el denominado Ómnibus Digital, una propuesta impulsada por la Comisión Europea para simplificar el conjunto de normas digitales de la UE.

Esta decisión tiene como consecuencia una mayor desprotección de los derechos de autor, especialmente en relación con el uso de obras protegidas para el entrenamiento de modelos de IA sin transparencia, autorización y remuneración, lo que sitúa a los autores, editores y periodistas en una clara posición de desventaja.

El texto, aprobado por una amplia mayoría en el Parlamento Europeo, con 569 votos a favor, 45 en contra y 23 abstenciones, debe ahora ser ratificado formalmente tanto por el Parlamento como por el Consejo, antes de convertirse en definitivo.