Jueves, 2 de julio de  2020



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Las nuevas medidas para acabar con la piratería en internet
15/1/2010



(Foto:Carme Esteve)
 
La aprobación de las modificaciones del anteproyecto de Ley de Economía Sostenible por lo que se refiere a las descargas en Internet y al cierre de páginas web es vista por el sector reprográfico como un paso importante para acabar con la piratería en la red. De acuerdo con las nuevas medidas, hará falta la decisión de un juez para cerrar o bloquear una página web que ofrezca contenidos sin respetar los derechos de autor. De esta manera, se persigue a los productores de la piratería y no a los usuarios.

El Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO) celebra esa decisión del Gobierno para luchar contra la piratería, tal como manifiesta en el escrito publicado en el último número de su boletín electrónico:

"Un paso más para acabar con la piratería en Internet

El anteproyecto de Ley de Economía Sostenible (LES) ha iniciado ya su andadura para llegar al Parlamento. El texto recoge una serie de medidas para luchar contra la utilización no autorizada en la red de obras protegidas por el derecho de autor (libros, películas, música, etc…). El texto definitivo fue enviado el pasado 8 de enero por el Consejo de Ministros a los órganos consultivos competentes, trámite previo para su envío al parlamento.

Se trata de una noticia positiva que confirma el compromiso del Gobierno de acabar con la piratería en Internet. Las medidas, que van dirigidas contra los «promotores» de la piratería y no contra los usuarios —como ocurre en países como Francia o Reino Unido—, prevén un proceso de carácter administrativo-judicial. A petición de los titulares afectados, la Comisión de Propiedad Intelectual, dependiente del Ministerio de Cultura, podrá iniciar un procedimiento contra cualquier prestador de servicios de la sociedad de la información (página web, etc.) por dar acceso presuntamente a obras protegidas sin la autorización necesaria. Por su parte, los juzgados centrales de lo contencioso-administrativo tendrán un plazo de cuatro días para decidir si se ejecuta la resolución de la Comisión. Los juzgados decidirán en este proceso si el dictamen de la Comisión afecta a los derechos y libertades recogidos en el artículo 20 de la Constitución".


   
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