Viernes, 29 de marzo de  2024



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El abogado Mario Sepúlveda cree que la reforma del canon "perjudicará a los autores y a los ciudadanos"
18/12/2012



(Foto:Carme Esteve i Pla)
 

El abogado Mario Sepúlveda, asesor de la ACEC y especializado en derechos de autor, propone un cambio fijándose en Europa ante la supresión de la compensación de derecho de reprografía, certificada la semana pasada por el gobierno español. Sepúlveda considera “aberrante” que la futura compensación por copia privada se incluya en los presupuestos generales del Estado, porque “aleja todavía más la relación entre el usuario de la copia privada y el autor –que es la gran crítica que recibía el sistema anterior– y, sobre todo, porque viola las directivas europeas al romper el principio de una remuneración justa para ejercer una excepción –la copia privada– el derecho que tiene todo autor sobre la reproducción de su obra”. 

Por este motivo, y ante esta nueva situación, el abogado entiende que “los más perjudicados serán los colectivos de autores, que recibirán menos dinero por la reproducción de sus obras, y el conjunto de los ciudadanos, que deberán abonar lo que hasta ahora pagaban las empresas fabricantes de aparatos tecnológicos “.

Sepúlveda es partidario de reformular el marco legal español para conseguir que prevalezca el principio de autorregulación de las partes en conflicto. Esto permitiría, según su visión, que la Ley “pueda adaptarse a los cambios sociales de un país con más rapidez y flexibilidad”. El ejemplo más claro es lo que ha pasado con la Ley de Propiedad Intelectual, aprobada en 1987, que solo se ha actualizado parcialmente por imperativo de algunas directivas europeas y, por tanto, “es absolutamente ajena a Internet y a otras innovaciones de tipo tecnológico”.

Para corregir esta deficiencia histórica, Mario Sepúlveda apuesta por reformar la citada ley a partir de tres aspectos claves: “adaptarla en su totalidad al nuevo entorno digital, dotar de eficacia jurídica los acuerdos obtenidos por las sociedades de autores, editores y productores, e instaurar procedimientos judiciales eficaces que permitan reducir los costes y el tiempo de acceso a la justicia, para favorecer a los autores que quieran defender sus derechos”.



   
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